Luego de dos años y medio de viajes hacia el sur afrontando toda clase de inclemencias y calamidades, llegaron exhaustos a la isla del Gallo, en la Bahía de Tumaco, actual sur de Colombia
en la costa del Pacífico. Cansados y sin esperanza de resultados favorables, sus acompañantes intentaron desertar, es en ese momento que Pizarro intenta convencerlos para que sigan adelante.Allí
se produce la acción extrema de Pizarro de trazar una raya en el suelo de la
isla, obligando a sus hombres a decidir entre seguir o no en la expedición
descubridora. Tan sólo cruzaron la línea trece hombres: los “Trece de la Fama”,
o los “Trece caballeros de la isla del Gallo”.
La
raya de Pizarro representa el límite: seguir adelante, o claudicar a las
aspiraciones de aquellos expedicionarios que salieron en pos de la conquista de
lugares desconocidos.
Con
este introito, llamamos la atención a los fines de recordar aquel
acontecimiento de la historia conocido como la “Raya de Pizarro”, con la que su
autor pretendió sembrar en sus acompañantes la esperanza perdida, animándolos a
seguir con su proyecto de conquista o por el contrario claudicar en sus
aspiraciones.
El
9 de septiembre de 2020, la Primera sala del Tribunal Superior
Administrativo(TSA) integrado por los Magistrados Román Berroa Hiciano,
presidente, Mery Laine Collado Tactuck, y Úrsula J. Carrasco Márquez se
convirtieron en los rebeldes sin causa o con ella y han trazado en sentido
figurado la famosa “Raya de Pizarro”, en esta ocasión respecto de las funciones
del Consejo del Poder Judicial y las atribuciones jurisdiccionales del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales del orden judicial.
La
sentencia 0030-2020-02-SSEN-00274, fue dictada en ocasión de la Acción de
Amparo interpuesta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana,
contra aquellas medidas adoptadas por el Consejo del Poder Judicial a través de
una serie de resoluciones emanadas de ese órgano, con las cuales se dispuso en
primer lugar inicialmente el cierre de los tribunales a partir del 19 de marzo
del presente año, a causa de la pandemia Covid-19; en segundo lugar
implementando un procedimiento completamente virtual por el cual se le atribuyó
al Centro de Atención a Tribunales (CAT), la facultad que por mandato de la Ley
compete a las secretarías de recibir demandas, inventario de documentos, fijar
audiencias, desglosar expedientes, retirar copia simple o certificada de
sentencias, implementando la modalidad de audiencias virtuales en todas las
materias, para las cuales se dispuso la notificación vía correo electrónico de
las convocatorias a las audiencias virtuales, desconociendo las atribuciones
que por mandato del legislador le compete a los alguaciles.
Los
argumentos invocados por el gremio de los togados y su presidente, quien además
actuó en su propia calidad de abogado son: vulneración del debido proceso,
tutela judicial efectiva, y acceso oportuno a la justicia en perjuicio de los
abogados del territorio dominicano.
Los
magistrados firmantes de la decisión se explayan abordando minuciosamente los
conceptos que en el derecho comparado hablan sobre el debido proceso, la tutela
judicial efectiva y el acceso oportuno a la justicia; posteriormente, abordan
la competencia y atribuciones encomendadas al Consejo del Poder Judicial por el
constituyente y por el legislador al definirlo en su Ley orgánica como un
órgano de administración y disciplina; de igual modo, exponen magistralmente
los magistrados firmantes del dictamen 0030-2020-02-SSEN-00274, que es el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia por mandato de su normativa orgánica a la que
se le reconoce la facultad de resolutar proponiendo al Congreso Nacional, los
proyectos de ley que viabilicen el mejor desenvolvimiento del ordenamiento
jurídico vigente, citando criterios vinculantes del Tribunal Constitucional de
la República.
Igualmente,
narran los jueces el modo en el que la comunidad internacional migró a la
virtualidad, con la previa emisión de las leyes que regulan este nuevo modelo
de ejercicio de la profesión del derecho, sin que ninguno de los Estados
pioneros haya abandonado la presencialidad, garantizando con ello a todas las
personas que por diversas razones no puedan abordar el tren de la virtualidad
el acceso a la justicia, concluyendo la decisión con el mandato al Consejo
del Poder Judicial de abrir la sedes del orden judicial, instruyéndole en el
sentido de tomar las medidas de higiene y seguridad necesarias para prevenir la
propagación del virus. Por consiguiente exhortamos a la comunidad jurídica en
general a su lectura.
Mi
respeto, admiración y deferencia a los jueces Román Berroa Hiciano, Mery
Collado y Úrsula Carrasco Márquez, en el entendido de que con la sentencia de
“marras” se recuerda el límite en la potestad del Consejo del Poder Judicial,
dejando claramente sentado que dicho órgano sólo tiene las facultades de
administrar los recursos asignados y disciplinariamente frente aquellos
servidores administrativos o judiciales que transgredan en el desempeño de sus
funciones las políticas y normas de la institución.
Es
oportuna y valiente la decisión adoptada por la Primera Sala del Tribunal
Superior Administrativo, que ha dejado al desnudo la debilidad de este órgano
Colegiado integrado por cinco miembros, de los cuales ninguno de ellos ha
asumido la gallarda posición de señalarle a su presidente el límite de su
competencia y sobre todo la ilegalidad con la que han actuado, convirtiendo el
Estado Social, Democrático y de Derecho promovido por el Constituyente en una
“comarca de la época de la conquista”.
Rogamos
al altísimo, que la sentencia 0030-2020-02-SSEN-00274, surta entre los
integrantes del Consejo del Poder Judicial, los jueces de la Suprema Corte de
Justicia y de los demás Tribunales, el efecto que Pizarro pretendió sembrar en
sus acompañantes, restableciendo entre estos la esperanza perdida,
estimulándolos a fortalecer con su actuación el Estado de Derecho por el bien
de las generaciones presentes y futuras de la República Dominicana.
POR VARGAVILA RIVERÓN
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