BARCELONA – Por primera vez en la historia democrática de España, el gobierno central removió a las autoridades de una de las regiones autonómicas del país y asumió el control administrativo, después de
Las declaraciones encontradas del Parlament en Barcelona para declarar la independencia y la posterior disolución de esta desde Madrid escalaron un momento de mucha tensión y resultaron en los roces más feroces hasta el momento por del afán separatista de la región.
Las aspiraciones para tener un Estado autónomo han existido durante generaciones, impulsadas por divergencias culturales, idiomáticas y económicas, pero durante el último mes han derivado en lo que quizá sea la peor crisis constitucional desde que España transicionó a democracia, en 1978.
Los eventos del viernes, parte de las secuelas de un referéndum independentista el 1 de octubre, fueron vistos con enojo y preocupación por unos y con euforia por otros, con la posibilidad de que haya confrontaciones todavía más volátiles en los próximos días en lo que el gobierno español decide cómo implementar el artículo 155.
El presidente Mariano Rajoy anunció hacia la medianoche la remoción de varios integrantes del gobierno regional, entre ellos Carles Puigdemont como presidente y Oriol Junqueras como vicepresidente, además de la disolución del parlamento regional. También dijo que se convocará a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. La fiscalía española posiblemente busque el arresto de los líderes del gobierno catalan por cargos de sedición.
Tales acciones posiblemente lleven a que las celebraciones a favor del independentismo que se dieron en ciudades como Barcelona se conviertan en manifestaciones masivas; un sindicato en Cataluña ya convocó a sus trabajadores a entrar en un paro general a partir del lunes.
Durante el debate parlamentario, los catalanes cruzaron acusaciones y describieron la votación como “histórica” y “feliz”, o como “trágica” y una seria violación de la constitución.
Una hora después de que respaldaran constituir un “Estado independiente”, el Senado español en Madrid avaló –con 214 votos a favor y 47 en contra– invocar el artículo 155 de la Constitución, con lo que Rajoy obtuvo los poderes extraordinarios para asumir el control administrativo de Cataluña y remover a los políticos independentistas, incluidos Puigdemont.
En sus declaraciones al Senado, Rajoy dijo que no había más alternativa porque el presidente regional y su gabinete habían tomado un camino ilegal y unilateral y que actuaban como “una minoría que de forma intolerante se erige en propietaria de Cataluña” con un comportamiento que “ha pisoteado la ley”.
Sin que los detuvieran las amenazas del gobierno central, y tras un fuerte debate, los legisladores independentistas en Cataluña aprobaron una resolución para constituir “la república catalana, como Estado independiente y soberano”. A modo de protesta, aquellos parlamentarios que están en contra de la separación —los de Ciudadanos, el Partido Popular y el Socialista— abandonaron la sala antes de la votación.
Desde el referéndum del 1 de octubre, Puigdemont había quedado cada vez más entre la espada y la pared, en buena parte por sus propias acciones; en ocasiones parecía contradecirse a sí mismo en diversas declaraciones.
El viernes, los líderes de la Union Europea dejaron claro que no reconocerían la independencia catalana y que respaldarían a Rajoy. Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo (el órgano de la UE que reúne a todos los jefes de Estado) escribió que “nada cambia” con lo sucedido hoy en España y que “España sigue siendo el interlocutor único”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario