Tras una mañana de confusión, en la que se especulaba con la posible declaración de independencia de Cataluña o la convocatoria de elecciones, finalmente el presidente de la región, Carles Puigdemont, anunció que no se dan las garantías para que convoque a la sociedad a las urnas y tratar de rebajar
Puigdemont aseguró en la sede del gobierno catalán que estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas pero consideró que no se dan las "garantías" necesarias para hacerlo, en alusión a la actitud del ejecutivo central, que ha avanzado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, una medida que permite intervenir la autonomía.
La declaración de Puigdemont dio a entender que no había llegado a un acuerdo satisfactorio para los independentistas con el gobierno de Mariano Rajoy para que éste se echara atrás y no aplicara el controvertido artículo si se convocaban elecciones.
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"No he obtenido una respuesta responsable por parte del Partido Popular", la formación gobernante en España, señaló Puigdemont en la sede de gobierno, a cuyas puertas se concentraron centenares de personas.
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El presidente le pasó ahora la responsabilidad de tomar mayores acciones al Parlamento catalán, al señalar que la mayoría en la cámara decidirá las consecuencias a la aplicación del artículo 155. Este jueves mismo se celebra pleno para debatir el asunto.
"Es una aplicación fuera de la ley, abusiva e injusta", criticó Puigdemont en referencia al uso del artículo recogido en la Constitución española.
"No acepto estas medidas, por injustas y porque esconden casi sin disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el 1 de octubre", añadió en referencia al referéndum de autodeterminación celebrado en Cataluña el primero de octubre, declarado ilegal por el máximo tribunal en el país.
Debates en el Parlamento catalán y el Senado
La actividad política es frenética este jueves en España, con diversas reuniones centradas en el independentismo catalán.
Por una parte, el pleno que se celebra en el Parlamento de esa región de España, en el que también participa Puigdemont; y por otro, el debate que se está produciendo en estos momentos sobre la aplicación del artículo 155 en el Senado español, en una comisión para tramitar sus medidas.
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En esa cámara, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió que las medidas al amparo del artículo 155 no suponen "el principio de un nuevo centralismo", sino que buscan el "principio del fin" de la "desobediencia a la ley" y del "abuso" perpetrado por parte del ejecutivo catalán.
La vicepresidenta además aseguró que "los independentistas han dejado muy claro que no han estado dispuestos a dialogar", lo que han demostrado negándose a participar en todos los foros a los que han sido convocados, y negando el diálogo en el propio parlamento regional.
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