El Departamento de Seguridad Nacional decidió terminar con el Estatus de Protección Temporal para El Salvador con un período de inactividad de 18 meses, de acuerdo con una fuente familiarizada con la decisión. Más de 200.000 inmigrantes podrían quedar sin un estatus legal.
La movida ampliamente esperada podría dejar a más de 200.000 inmigrantes que han vivido en los Estados Unidos más de 15 años sin ningún estatus legal.
El programa ha ofrecido permisos de trabajo y el derecho a vivir en los Estados Unidos. El estado de El Salvador se ha renovado continuamente desde 2001, cuando se otorgó después de una serie de terremotos.
La semana pasada, el mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, sostuvo una prolongada conversación telefónica con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a quién le reiteró la petición de prórroga del TPS.
Recordemos que la petición de extensión migratoria se introdujo formalmente en agosto de 2017 y luego fue reiterada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, en diciembre pasado.
Según Martínez, "el presidente le planteó a la secretaria que en cualquier escenario de decisión el país necesita tiempo para continuar las gestiones ante el congreso y preparar la situación que nos permita enfrentar cualquiera que sea la decisión; ella comprendió perfectamente esto, comparte la idea que sea en el congreso donde se resuelva de manera permanente esta situación, y nos animó a que continuáramos con las gestiones que estamos realizando".
El TPS permite a los beneficiados —solo aquellos que estaban en Estados Unidos en el momento de los eventos que activaron la designación— residir y trabajar legalmente en los Estados Unidos por un periodo de tiempo. Mientras han estado aquí, muchos de estos individuos han establecido lazos profundos, criaron familias, pagaron impuestos (contribuyendo cerca de 690 millones de dólares a la Seguridad Social y Medicare al año). También han ayudado a estabilizar sus países de origen enviando remesas a parientes y amigos.
Cada 18 meses desde las designaciones de TPS en 1999, 2001, y 2010, gobiernos republicanos y demócratas han enfrentado la decisión de si se debe eliminar el estatus legal de estas personas y sentar las bases para una deportación masiva. En cada ocasión, se han otorgado extensiones.
Más de 100 miembros del Congreso y más de dos docenas de senadores, republicanos y demócratas, han instado a la Casa Blanca a extender el TPS para los haitianos, salvadoreños y hondureños. Más de 550 líderes religiosos y más de 120 organizaciones religiosas han puesto de relieve el imperativo moral que está en juego de “amar a tu prójimo, dar la bienvenida al extranjero, y cuidar a los más vulnerables entre nosotros”.
Honduras y El Salvador, que figuran entre los países con más altas tasas de homicidios per cápita del mundo, siguen siendo devastados por bandas criminales transnacionales, incluyendo las que tienen profundos lazos con Estados Unidos que facilitan el tráfico de drogas y personas y el crimen violento. La situación de inseguridad pública en ambos países contribuyó significativamente a la crisis del verano del 2014 de los niños migrantes no acompañados.
Casos de otros países donde el TPS no será renovado
Recordemos que el seis de noviembre de 2017, el Departamento de Seguridad comunicó que el amparo terminó para Nicaragua, permitiéndoles estadía a sus beneficiarios hasta el 5 de enero de 2019.
Al país se le otorgaron 12 meses para una transición ordenada antes de la fecha límite.
Algo similar ocurrió con Haití. El 20 de noviembre de 2017, Estados Unidos dio por terminada la protección migratoria otorgada a haitianos desde el 2010. Su plazo límite de estadía quedó para el 22 de julio de 2019, con un plazo de 18 meses para una transición adecuada.
Honduras tuvo un poco más de suerte. El Departamento de Seguridad dijo necesitar más información para emitir una nueva designación.
Por ende, el plazo límite fue extendido por seis meses más, hasta el 5 de julio de este año.
El Salvador dice estar trabajando en un plan económico para, en caso de que cese el TPS, pueda proporcionar incentivos y ayudas a los miles de salvadoreños que podrían iniciar sus planes de retorno a su tierra natal.
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