El Gobierno dominicano desmintió que pretenda eliminar la cesantía a través del proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) u otro instrumento jurídico.
El proyecto de ley no plantea en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de cesantía, como han señalado las centrales sindicales.
La posición del Gobierno dominicano responde al compromiso del presidente Danilo Medina con políticas que beneficien a las clases trabajadoras.
El Gobierno continuará la agenda de diálogo con los distintos sectores sobre varios aspectos importantes para la vida laboral y productiva de los dominicanos y dominicanas.
La explicación fue ofrecida a los medios y ciudadanos por el ministro de Trabajo, Winston Santos; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; y el viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez.
A continuación, la declaración sobre la cesantía y el proyecto de ley de disolución del IDSS leída por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.
“Ante las declaraciones infundadas por parte de algunos líderes del sector sindical de que el Gobierno dominicano pretende eliminar la cesantía en detrimento de los trabajadores a través del proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), el Gobierno aclara que la ley de disolución del IDSS tiene un único objetivo: evitar que la quiebra de la administración central y de las distintas dependencias del IDSS continúen drenando recursos que deben destinarse al bienestar de la población dominicana.
Buena parte de la insostenibilidad financiera del IDSS ha estado causada por su esquema organizativo obsoleto.
Por eso, es decisión irrevocable del gobierno mantener en el Congreso el Proyecto de Ley de Disolución del IDSS, como lo es también garantizar los derechos de los afiliados a este y de los trabajadores que conforman la institución.
Queremos enfatizar que el proyecto de ley no plantea en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de cesantía, como han señalado las centrales sindicales.
Estas afirmaciones son completamente infundadas y cabe resaltar que el texto sometido al Congreso no hace siquiera referencia o mención alguna al Código de Trabajo.
A continuación, les leeré la redacción del artículo 4 del referido proyecto de ley de disolución del IDSS:
Artículo 4. Se crea el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL) como una entidad pública autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Trabajo, el cual tendrá a su cargo la administración y pago de las prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales, la contratación de servicios de salud para la atención de afiliados por enfermedades y accidentes laborales, la promoción de la prevención y control de los riesgos laborales, así como la administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio.
Como verán, no hay mención alguna al Código de Trabajo, ni a la cesantía, ni mucho menos a la modificación o eliminación de ésta; ni en ese artículo ni en ningún otro. Esta discusión se ha mantenido en el dialogo tripartito y el gobierno siempre ha sostenido que será decisión de común acuerdo entre todos los sectores.
Tampoco se menciona la creación de fondo alguno. Solo se habilita a que, si en el futuro se crease un fondo, el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL) tenga capacidad legal para administrarlo.
Además, sería jurídicamente imposible que una ley adjetiva como la propuesta de ley de disolución del IDSS modifique una ley orgánica como el Código de Trabajo.
Aunque, reitero, en ninguna parte del texto se plantea hacerlo.
Como les dije al principio, el gobierno tiene el firme compromiso de mantener la estabilidad laboral de los trabajadores del IDSS, reubicándolos en un proceso escalonado en otras dependencias del Estado y pensionando a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley para su retiro.
De todas formas y en aras de zanjar definitivamente cualquier malentendido, el Poder Ejecutivo enviará inmediatamente al Congreso una modificación al texto del proyecto de ley que excluya explícitamente la mención del fondo de protección laboral, puesto que esto no variaría esencialmente la ley.
Además, a solicitud tanto del sector sindical como del sector empresarial, el cambio incluiría un aumento de los representantes en el Consejo del INARIL.
Confiamos en que, con el cambio mencionado, el malentendido producido quede definitivamente aclarado y que el Congreso podrá así avanzar hacia la necesaria aprobación de esta Ley que reforzará la provisión de seguros a los trabajadores dominicanos.
El Gobierno dominicano reitera, en consecuencia, que, primero, no tiene planes de eliminar la cesantía ni a través del proyecto de ley de disolución del IDSS ni a través de ningún otro instrumento jurídico; segundo, que ese aspecto debe discutirse en el marco del diálogo tripartito sobre el Código de Trabajo; y tercero, que mantiene en las cámaras legislativas dicho proyecto de ley con las modificaciones.
Esta posición se sustenta en el compromiso del presidente Medina y del Gobierno dominicano con políticas que beneficien a las clases trabajadoras y a la población más necesitada en sentido general, y esperamos continuar nuestra agenda de diálogo con los distintos sectores sobre varios aspectos importantes para la vida laboral y productiva de los dominicanos y dominicanas”.
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